EN DESARROLLO
Uribe fue involucrado el caso de las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante su gestión de Gobierno, 2002-2010.
A su llegada al Salón Boyacá, el ex Jefe de Estado aseguró que venía a "darle la cara a la justicia", dijo acompañado de sus abogados defensores: Jaime Lombana y Jaime Granados.
Serán tres los representantes encargados de hacerle unas 60 preguntas del cuestionario de la versión libre: Yahir Acuña, Heriberto Escobar y José Rodolfo Pérez
Esta primera comparecencia contará con la participación de la ex senadora, Piedad Córdoba, quien ha denunciado ser víctima de persecusión política durante los mandatos de Uribe.
Mientras, el abogado defensor de Córdoba, Luis Guillermo Pérez, reiteró su interés en interrogar a Uribe.Explicó que dos de los tres representantes investigadores estarían "inhabilitados" para participar en el interrogatorio que rinde durante la tarde de este jueves, el ex presidente sobre el sonado caso de las “chuzadas”.
"Estamos reiterando nuestro derecho constitucional a participar en la diligencia e interrogar al señor Álvaro Uribe Vélez", dijo Pérez.
El jurista se mostró en desacuerdo con los argumentos que han expuesto dos de los tres representantes investigadores sobre la participación de las partes civiles en la diligencia con Uribe.
En tanto, Pérez explicó por qué Córdoba no declarará aún. "Hemos pedido que se trasladen todas las pruebas que reposan en la Fiscalía en las que se constata la persecución política de la que ha sido víctima Piedad Córdoba. Hay miles de folios que reposan en el despacho de la Fiscal General y que muestran esa persecución, las labores de inteligencia y difamación en contra de ella, que no han sido aportadas a este proceso", dijo el jurista.
"Cuando esos documento estén en la Comisión, con el mayor gusto procederé a solicitar, por nuestra propia iniciativa, que la ex senadora declare", advirtió Pérez.
El expresidente se presenta ante la Comisión de Acusación de las Cámara de Representantes del Congreso Nacional, con el propósito de responder a 43 denuncias por escuchas ilegales.
Ante las acusaciones, Álvaro Uribe ha negado haber impartido las órdenes de interceptar llamadas durante sus dos mandatos, por lo que pidió a la Comisión de Acusaciones ser escuchado en versión libre.
Entre las referidas denuncias, se encuentra una interpuesta por la ex senadora Córdoba y por el parlamentario Iván Cepeda, quienes acusaron al ex Mandatario de haber instigado “crímenes de lesa humanidad, tortura psicológica y persecución política”.
De igual forma, se señala a la exdirectora del DAS, María de Pilar Hurtado, quien se encuentra en Panamá bajo la condición de asilada desde noviembre del 2010.
La Fiscal que lleva el caso señaló que Hurtado es responsable de haber ordenado "seguimientos e interceptar teléfonos y correos de magistrados, políticos opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas".
De acuerdo con la parte acusadora, María de Pilar Hurtado, es responsable de los delitos por los que se solicitaba su deteneción, así como de utilizar de forma indebida recursos públicos para sobornos.
Por su parte, el ex secretario general de la presidencia (2002-2010), Bernardo Moreno, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 18 años, por estar vinculado a estos hechos.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso sentencia de prisión para el ex jefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos; así como al también ex director de inteligencia del organismo, Fernando Tabares, por el caso de las "chuzadas".
En octubre del 2010, Lagos fue condenado a ocho años y dos meses de cárcel, mientras que Tabares fue sentenciado a ocho años y cuatro meses.
